El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) catalogó de “injustos e inoportunos” los comentarios emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) acerca de la deportación de embarazadas haitianas en condición migratoria irregular en República Dominicana.

Por medio de un comunicado, las autoridades expresaron que el Gobierno dominicano respeta el principio de no devolución (non-refoulement) en el sentido de no deportar a individuos que corren el peligro de ser sometidos a torturas, tratos crueles, persecución política u otras violaciones graves a sus derechos humanos, en razón de su raza, credo, opinión política, nacionalidad, etc.

“Sin embargo, consideramos que dicho principio no aplica en el presente caso ya que no se trata de perseguidos políticos, miembros de una minoría étnica o religiosa, ni un grupo político particular”, agrega el texto en que se establece además que República Dominicana no tiene responsabilidad alguna ante la situación de pobreza, desigualdad e inseguridad generalizadas que vive el país vecino.