El gobierno tomó anoche una serie de medidas para garantizar el control y evitar el tráfico de parturientas en el país y para enfrentar la migración irregular.
Las medidas incluyen un plazo a los contratantes y particulares que contratan la mano de obra, violando las leyes migratorias y de trabajo de la República Dominicana, los cuales enfrentarán sanciones drásticas si las incumplen.
Para lograr esa meta, el gobierno otorgó un plazo de tres meses a los empresarios y personas en particular que tienen contratadas a personas extranjeras de forma irregular, para que regularicen sus estatus durante ese período, porque de lo contrario serán sancionados con multas que van de cinco a 30 salarios mínimos.