El Estado dominicano a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y funcionarios del sistema carcelario debe indemnizar a Luis Peña Valdez, tras haber purgado 12 años en la cárcel de La Victoria sin haber cometido ningún delito ni haber sido procesado judicialmente. Algo violatorio de la Constitución, las leyes y sus derechos humanos.

Pero además de las autoridades, las personas que motivaron la injusticia deben ser identificadas, y procesadas civilmente por el daño que le causaron a este albañil de 56 años.

El Estado no tiene registro de la existencia de Luis Peña Valdez, de 55 años de edad, pero lo mantuvo preso por 12 años en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, sin que exista evidencia de un proceso penal abierto en su contra y sin pasar por ante un juez.