La notificación fue depositada a través del procurador general de la corte de apelación y la procuraduría especializada en anti lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Luis González.
Ramos Castillo sostiene que su inhibición es definitiva e irrevocable y obedece a las recientes declaraciones vertidas a la opinión pública por la inspectoría general del ministerio público, “las cuales a pesar de carecer de toda veracidad tienden un manto de dudas sobre la objetividad de los fiscales de esta jurisdicción que participamos en la investigación, en la instrumentación y en la presentación de la acusación relativa al presente caso”.