En los últimos meses, las licitaciones públicas han acaparado la atención de diversos sectores en República Dominicana. Desde denuncias de irregularidades hasta impugnaciones masivas, el panorama actual está marcado por cambios significativos en la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), liderada por Carlos Pimentel. Este organismo, bajo la ley 340-06, regula las compras y contrataciones del sector público, un ámbito de miles de millones de pesos y con un impacto directo en la transparencia gubernamental.

La figura de Pimentel, proveniente de la sociedad civil, ha sido clave en la implementación de medidas destinadas a garantizar el cumplimiento de la ley. Según explicó en entrevista exclusiva, la DGCP ha adoptado políticas que han incrementado la participación de oferentes en más de un 100%, lo que también ha derivado en un aumento de conflictos e impugnaciones. “Cuando los procesos tienen una multiplicidad de actores, las posibilidades de conflicto se elevan”, señaló Pimentel.

A la fecha, la DGCP ha emitido 209 resoluciones relacionadas con recursos jerárquicos y solicitudes de investigación, además de intervenir de oficio en casos donde han identificado irregularidades. “Estamos haciendo esfuerzos para que la ley se cumpla, y esto implica limpiar archivos y reforzar el monitoreo preventivo y reactivo de los procesos”, afirmó el director.

Sin embargo, las críticas no han tardado en surgir. Proveedores y empresarios han señalado que los requisitos adicionales, como certificados específicos y patentes de almacenamiento, dificultan la participación en las licitaciones. Al respecto, Pimentel explicó que cada proceso debe analizarse en su contexto, para determinar si las exigencias son razonables o si están siendo utilizadas para limitar la competencia o beneficiar a proveedores específicos.

Otro tema controversial es la influencia de funcionarios y proveedores que, según Pimentel, históricamente han manipulado el sistema para obtener contratos bajo la apariencia de legalidad. “Alrededor de las contrataciones públicas ha funcionado un conciliado que conoce cómo vulnerar los mecanismos. Esto no es algo nuevo, pero estamos trabajando para que se respeten los principios de transparencia y equidad”, puntualizó.

La DGCP enfrenta ahora el desafío de equilibrar la aplicación estricta de la ley con la modernización del marco normativo. Según Pimentel, la ley 340-06 debe actualizarse para responder a los retos actuales y prevenir la corrupción de manera más efectiva. Mientras tanto, el organismo continuará con su misión de garantizar procesos más transparentes y equitativos, aunque ello implique incomodar a ciertos sectores acostumbrados a operar bajo esquemas cuestionables.

La transformación del sistema de contrataciones públicas avanza, pero no sin fricciones. Para muchos, esta es una oportunidad para construir una institucionalidad más fuerte; para otros, representa un obstáculo que exige mayor adaptación. La transparencia y el cumplimiento de la ley parecen estar al centro de este nuevo capítulo en la gestión pública dominicana.