El presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPAL), Manolo Pichardo, y el jurista Namphi Rodríguez rechazaron las declaraciones del entonces presidente Danilo Medina, quien atribuyó parte de los altos niveles de delincuencia y del crimen organizado al aumento de personas deportadas desde Estados Unidos. Ambos consideraron que esa explicación no refleja la complejidad del problema y sostuvieron que la inseguridad responde a múltiples factores estructurales que requieren soluciones de largo plazo mediante políticas públicas integrales.
Durante sus declaraciones, Pichardo afirmó que la desigualdad social constituye uno de los principales factores que alimentan la violencia y la criminalidad, al generar frustración y exclusión entre amplios sectores de la población. Por su parte, Rodríguez señaló que el problema trasciende la situación de los deportados y obedece a la ausencia de políticas públicas eficaces para prevenir el delito. Ambos coincidieron en que el combate a la inseguridad demanda una estrategia integral respaldada por instituciones sólidas y acciones sostenidas del Estado.
Los dirigentes también fueron consultados sobre la posibilidad de una eventual reelección presidencial. En ese contexto, manifestaron que la Constitución establecía límites claros respecto a la repostulación del mandatario y sostuvieron que debía respetarse el texto constitucional. Las declaraciones fueron ofrecidas antes de participar en el panel Análisis de la Ley de Organizaciones Políticas, celebrado en la sede de la COPAL, donde se debatieron aspectos relacionados con el sistema político y el fortalecimiento institucional.
