Juristas expresaron opiniones divididas sobre la decisión de un juez de imponer medidas de coerción no privativas de libertad a los miembros del Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) involucrados en la protesta realizada frente a la Suprema Corte de Justicia. Durante la manifestación, varios participantes lanzaron fundas con excremento al edificio, hecho que generó un amplio debate sobre la tipificación de los delitos y las sanciones correspondientes. Los implicados quedaron en libertad tras la imposición de presentación periódica y trabajo comunitario.
Algunos abogados consideraron que la decisión estuvo ajustada al derecho, al sostener que no procedía imputar el delito de asociación de malhechores y que el caso debía ser conocido por un juzgado de paz debido a la naturaleza de la infracción. Según estos especialistas, las sanciones aplicables corresponden a faltas relacionadas con el ornato y el orden público, por lo que respaldaron el criterio adoptado por el tribunal.
Otros profesionales del derecho, en cambio, afirmaron que los hechos también constituyeron un ultraje a la bandera nacional, al resultar afectado ese símbolo patrio durante la protesta. Tras recuperar su libertad, los integrantes del Falpo reiteraron que continuarán realizando acciones en defensa de sus demandas sociales. Como parte de las medidas impuestas, deberán cumplir seis meses de presentación periódica y realizar labores comunitarias en los ayuntamientos de las localidades donde residen.
