Un reportaje de investigación analizó el funcionamiento del denominado peaje sombra en la Autopista del Nordeste y el Boulevard Turístico del Atlántico, construidos mediante un modelo de concesión vial entre el Estado dominicano y una empresa privada. El esquema establece que la concesionaria financia y opera la infraestructura, mientras recibe los ingresos generados por los peajes y una compensación económica del Estado cuando el tránsito vehicular no alcanza los niveles proyectados para garantizar el equilibrio financiero del contrato. La concesión tiene una vigencia de 30 años y contempla responsabilidades de mantenimiento y operación de las vías.
La investigación expone que el contrato incluyó una garantía de ingreso mínimo para la empresa concesionaria, conocida como peaje sombra, debido a que las estimaciones iniciales preveían un flujo vehicular inferior durante los primeros años de operación. Sin embargo, diversos especialistas y exfuncionarios señalaron que las proyecciones de tránsito utilizadas para sustentar la rentabilidad del proyecto no se materializaron, lo que ha prolongado los pagos estatales más allá de lo previsto inicialmente. Según los datos presentados, el Estado ha destinado miles de millones de pesos para cubrir esa diferencia, además de los recursos obtenidos mediante el cobro directo de peajes.
El reportaje también plantea interrogantes sobre la eficiencia del modelo de concesión, la supervisión de los contratos y el impacto financiero para el Estado dominicano. Especialistas consultados coinciden en que las concesiones constituyen un mecanismo utilizado en diversos países para desarrollar infraestructura, aunque destacan la importancia de realizar estudios de factibilidad precisos y establecer condiciones contractuales equilibradas que protejan tanto la inversión privada como el interés público. El debate continúa abierto mientras distintos sectores analizan la conveniencia de mantener o revisar este esquema de financiamiento.
