El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso presentación periódica y trabajo social como medidas de coerción contra varios integrantes del Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), vinculados a la protesta ocurrida durante los actos del Día del Poder Judicial. Durante la manifestación, algunos participantes lanzaron fundas con excremento hacia el edificio de la Suprema Corte de Justicia, incidente que también afectó la bandera nacional colocada en las instalaciones.

Tras los hechos, los involucrados fueron arrestados y posteriormente presentados ante la justicia. La decisión del tribunal descarta, por el momento, la imposición de prisión preventiva, optando por medidas orientadas al seguimiento judicial y la realización de labores comunitarias en los ayuntamientos de sus respectivas localidades. El caso ha generado diversas reacciones sobre el alcance de las sanciones aplicadas.

El incidente reavivó el debate sobre los límites de las manifestaciones públicas y la protección de los símbolos patrios e instituciones del Estado. Mientras algunos consideran que las medidas impuestas son proporcionales a los hechos, otros entienden que debieron aplicarse sanciones más severas. El proceso judicial continuará conforme al desarrollo de la investigación y las disposiciones legales correspondientes.