La respuesta ofrecida por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) generó nuevas interrogantes luego de las denuncias formuladas por los senadores Wilton Guerrero, de Peravia, y Dionis Sánchez, de Pedernales. Ambos legisladores afirmaron que existen presuntas irregularidades en la persecución del narcotráfico en sus provincias y señalaron posibles fallas en las actuaciones de las autoridades. Como respuesta, la DNCD informó que había realizado alrededor de veinte allanamientos en un presunto punto de venta de drogas en Baní, donde aseguró haber ocupado sustancias ilícitas y efectuado varios arrestos, aunque no ofreció detalles sobre los resultados judiciales de esos operativos.
Durante el análisis del caso, se planteó la necesidad de que las autoridades presenten información más precisa sobre las personas detenidas, los expedientes sometidos ante la justicia y las decisiones adoptadas en cada proceso. También se cuestionó que el principal señalado permaneciera en libertad pese a la cantidad de intervenciones reportadas. Asimismo, las denuncias cobraron mayor relevancia tras la muerte del coronel Daniel Ramos, un hecho que motivó investigaciones internas en la Policía Nacional y renovó el debate sobre la coordinación entre los organismos responsables de combatir el crimen organizado.
El caso también abrió una discusión sobre la efectividad de las estrategias utilizadas para enfrentar el narcotráfico y la importancia de fortalecer la transparencia institucional. Analistas consideran que las investigaciones deberán establecer si las posibles fallas corresponden a los procedimientos policiales, al Ministerio Público o a las decisiones adoptadas por los tribunales. Mientras continúan las pesquisas, distintos sectores insisten en que las autoridades presenten información detallada que permita esclarecer los hechos y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.
