La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra Rafael Antonio Díaz, conocido como Buche, fue aplazada luego de que su defensa presentara una recusación contra varios representantes del Ministerio Público. Buche figura entre los imputados por la muerte del coronel Daniel Ramos Álvarez, ocurrida en Baní. La decisión mantiene en pausa el proceso hasta que las autoridades competentes resuelvan el incidente planteado por los abogados.
La defensa informó que la recusación fue presentada ante la Procuraduría General de la República e incluye al procurador fiscal titular, al fiscal adjunto encargado del caso y al procurador de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal. Los abogados argumentaron que durante la investigación se produjeron actuaciones que, a su juicio, vulneraron derechos fundamentales del imputado y limitaron el ejercicio de la defensa técnica establecida en la legislación procesal penal.
Durante su comparecencia, Buche reiteró que niega las acusaciones formuladas en su contra, mientras sus representantes denunciaron presuntas irregularidades ocurridas durante el proceso investigativo. Corresponderá ahora a la Procuraduría General decidir si acoge o rechaza la recusación. Hasta tanto se adopte esa decisión, el conocimiento de la medida de coerción permanecerá suspendido y el proceso continuará conforme al procedimiento judicial correspondiente.
