La muerte del recluso Jorge Gabriel Báez Abreu, quien se había fugado de la cárcel de Samaná, generó un amplio debate sobre el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Según la versión inicial de las autoridades, el fallecimiento ocurrió durante un intercambio de disparos en un operativo realizado en Santiago. Sin embargo, tras la difusión de un video del hecho, el director de la institución anunció el inicio de una investigación conjunta con el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el incidente y determinar si la actuación policial se ajustó a los protocolos establecidos.
Durante el análisis del caso en el programa El Despertador, los panelistas cuestionaron la diferencia entre la versión oficial y las imágenes difundidas, en las que el hombre aparentemente ya se encontraba reducido al momento de recibir los disparos. También recordaron otros casos en los que actuaciones policiales similares provocaron controversias y reavivaron el debate sobre las ejecuciones extrajudiciales, la rendición de cuentas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión dentro de la institución.
En ese contexto, se destacó el anuncio realizado por el director de la Policía Nacional sobre la implementación de medidas orientadas a incrementar la transparencia de los operativos, entre ellas el uso de armas no letales y sistemas de grabación durante las intervenciones policiales. Los comentaristas coincidieron en que cualquier persona detenida debe ser puesta a disposición de la justicia y no sometida a acciones fuera del marco legal, al considerar que el respeto al debido proceso resulta esencial para preservar la credibilidad institucional y el Estado de derecho.
