La anunciada salida de la fiscal titular de La Vega, Johanna Reyes, generó una inusual reacción en distintos sectores de esa provincia. A través de vehículos con altoparlantes y mensajes difundidos en redes sociales, fue convocada una actividad pública para coincidir con la fecha en que la magistrada dejaría sus funciones. La convocatoria incluyó una concentración frente al Palacio de Justicia y actividades festivas organizadas por grupos de abogados y ciudadanos que manifestaron desacuerdos con la gestión desarrollada durante los años que permaneció al frente del Ministerio Público en esa demarcación.
Diversos profesionales del derecho expresaron que mantenían diferencias con la funcionaria debido a situaciones relacionadas con el trato institucional y la dinámica de trabajo entre la fiscalía y los abogados litigantes. Algunos representantes del sector jurídico afirmaron que durante años existieron conflictos y desacuerdos que motivaron el respaldo a la actividad convocada. Los organizadores indicaron que la iniciativa recibió apoyo de ciudadanos, empresarios y miembros de distintos sectores sociales, quienes consideraban que el cambio representaba una oportunidad para una nueva etapa dentro de la administración de justicia local.
La situación llamó la atención por tratarse de un hecho poco común en el ámbito judicial dominicano, donde generalmente los cambios de autoridades no suelen generar manifestaciones públicas de celebración. El caso abrió un debate sobre la relación entre los operadores del sistema de justicia y los diferentes sectores de la sociedad. Mientras algunos respaldaron la actividad, otros consideraron que el acontecimiento reflejaba un nivel significativo de polarización en torno a la gestión de la funcionaria saliente y al desempeño institucional del Ministerio Público en La Vega.
