La muerte de Andrea Celea ha generado una amplia reacción social y un renovado llamado a combatir la violencia de género en República Dominicana. Lo que inicialmente fue presentado como una posible caída voluntaria desde un hotel de Santo Domingo evolucionó hacia una investigación por presunto asesinato. El Ministerio Público sostuvo ante los tribunales que existen evidencias suficientes para vincular a Gabriel Villanueva Ordóñez con la muerte de la joven, por lo que un tribunal le impuso un año de prisión preventiva mientras avanzan las pesquisas.
Durante la audiencia, la fiscal Yeni Berenice Reynoso afirmó que el imputado habría intentado ocultar pruebas y alterar evidencias relacionadas con el caso. Según las autoridades, también existen antecedentes de denuncias, conflictos previos y una orden de alejamiento presentada por la víctima meses antes de su fallecimiento. Testimonios, mensajes y audios difundidos públicamente reflejan el temor que Andrea habría manifestado respecto a la relación que mantenía con el acusado, elementos que forman parte de la investigación en curso.
El caso ha provocado manifestaciones de indignación y solidaridad tanto en redes sociales como en distintos sectores de la sociedad. Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han señalado que la tragedia evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para víctimas de violencia de género y garantizar respuestas oportunas de las instituciones. Mientras continúa el proceso judicial, familiares y allegados de Andrea reclaman justicia y piden que el caso sea investigado hasta sus últimas consecuencias.
