La discusión sobre el proyecto de Ley de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos volvió al centro del debate público tras cuestionamientos sobre varios de sus artículos y el proceso de aprobación en el Congreso Nacional. Diversos sectores consideran que la iniciativa representa un paso importante para organizar el manejo de los desechos sólidos en República Dominicana, mientras otros advierten sobre posibles impactos económicos y la falta de consultas amplias durante su elaboración.
Entre los puntos más debatidos figura el denominado “gravamen verde”, un cargo equivalente al 0.20 % aplicado a productores e importadores de bienes que generan residuos. Sus defensores sostienen que los recursos obtenidos permitirían fortalecer programas de gestión de basura y reciclaje mediante un fideicomiso especializado. Sin embargo, representantes empresariales y expertos ambientales afirman que la medida podría generar distorsiones económicas, afectar la industria del reciclaje y representar una doble carga para consumidores y empresas.
La propuesta también contempla el cierre progresivo de vertederos a cielo abierto y la creación de infraestructuras más modernas para el tratamiento de residuos. Especialistas coinciden en que la modernización del sistema es necesaria, aunque advierten que requerirá inversiones millonarias, coordinación entre el Gobierno central, los ayuntamientos, el sector privado y la ciudadanía. El debate continúa en el Senado, donde distintos sectores esperan que el proyecto sea revisado antes de su aprobación definitiva.
