El diputado Elías Serulle alertó sobre el descontrol existente en el sector de seguridad privada en República Dominicana, asegurando que más de 400 empresas operan sin regulación legal efectiva. La denuncia reavivó el debate sobre la falta de supervisión estatal en áreas sensibles vinculadas al porte de armas, vigilancia y protección ciudadana. Legisladores y comunicadores coincidieron en que la ausencia de controles adecuados representa un riesgo para la seguridad nacional y refleja problemas estructurales relacionados con el incumplimiento de leyes y normativas en distintos sectores del país.
Durante el análisis del tema también surgieron cuestionamientos sobre la aplicación de la Ley de Armas y la debilidad del régimen de consecuencias frente a infracciones frecuentes. Entre los ejemplos señalados figuran vehículos sin placas, conductores transitando en vías contrarias, transporte pesado circulando por zonas prohibidas y conflictos constantes en el tránsito urbano. Además, se recordó el caso ocurrido en Haina, donde dos adolescentes murieron tras accidentes provocados por camiones que utilizaban rutas no autorizadas para evitar peajes, situación que, según denunciaron, llevaba años desarrollándose sin sanciones efectivas.
Diversos sectores consideran que el problema responde a una cultura de permisividad institucional y social frente al desorden. Analistas sostienen que muchas violaciones a las normas solo reciben atención pública cuando ocurren tragedias o cuando los hechos se viralizan en redes sociales. También señalaron que las autoridades enfrentan dificultades para imponer medidas estrictas debido al costo político que implica aplicar controles más severos. Mientras continúan las críticas sobre la falta de orden, ciudadanos reclaman mayor fiscalización, cumplimiento de las leyes y sanciones más contundentes contra quienes incumplen las regulaciones establecidas.
