Una investigación presentada por Nuria Piera retomó señalamientos sobre la trayectoria del ingeniero Armando García Faña, entonces director de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación. El reportaje parte de un trabajo realizado en 2017 sobre presuntas irregularidades en esa dependencia estatal y del informe posterior elaborado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, encabezada en ese momento por Ricardo Cadet. Según la exposición, el informe oficial aclaró algunos puntos, justificó otros y confirmó parte de las denuncias divulgadas previamente sobre la gestión administrativa de esa entidad estratégica para el funcionamiento tecnológico del Estado.
El trabajo televisivo también reconstruye antecedentes de García Faña en la vida pública, en particular su papel como director del centro de cómputos de la Junta Central Electoral durante el proceso electoral de 1994. De acuerdo con libros y testimonios citados en el reportaje, ese centro fue señalado por observadores y analistas como un punto crítico dentro de las irregularidades denunciadas en aquellos comicios. La investigación recordó que diversos sectores atribuyeron al sistema de cómputos responsabilidad en fallas relacionadas con el padrón, el desplazamiento de votantes y la falta de acceso de asesores técnicos al proceso de supervisión, en medio de una de las crisis electorales más controvertidas del país.
Además, la pieza periodística señaló que algunas empresas vinculadas al funcionario habrían participado en contrataciones cuestionadas con instituciones públicas. La intención del reportaje fue exponer el historial profesional y público de un servidor estatal con funciones sensibles en materia tecnológica, resaltando la importancia de la memoria colectiva y del escrutinio ciudadano sobre quienes administran áreas clave del gobierno. La investigación plantea que revisar antecedentes, decisiones y responsabilidades de los funcionarios resulta esencial para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza institucional en la República Dominicana.
