El dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, planteó en una entrevista televisiva una fuerte crítica contra los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, al considerar que han provocado un deterioro profundo de la institucionalidad democrática. En sus declaraciones, sostuvo que los principales escándalos de corrupción no han surgido por mecanismos ordinarios de control estatal, sino por tragedias, denuncias públicas y casos de alcance internacional. Según expuso, esa realidad refleja debilidades en los órganos de fiscalización y alimenta la percepción de impunidad. Actualmente, Abinader encabeza el Poder Ejecutivo dominicano y el PRM figura como partido de gobierno, de acuerdo con información oficial de la Presidencia y del propio partido.
Durante la conversación, también abordó la inseguridad ciudadana, el endeudamiento público y la necesidad de reformas institucionales. El dirigente afirmó que la delincuencia sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población y cuestionó la capacidad de respuesta de las autoridades. Asimismo, advirtió sobre el peso de la deuda en las finanzas públicas, al señalar que una parte importante de los ingresos del Estado se destina al pago de intereses, lo que limita la inversión en áreas sensibles. En ese contexto, defendió la necesidad de fortalecer los organismos de control, impulsar auditorías periódicas y garantizar un Ministerio Público independiente como base de un eventual proceso de cambio político.
Abinader también se refirió al manejo migratorio y a la situación en la frontera, proponiendo una aplicación estricta de la ley para evitar el ingreso irregular de extranjeros y ordenar la permanencia de quienes no tengan documentación legal. Aseguró que el país necesita controles más rigurosos y una política transparente frente a redes de corrupción vinculadas a ese tema. Además, insistió en que ningún sector debe quedar fuera de la fiscalización pública. Su discurso presentó una línea de oposición centrada en transparencia, seguridad, control institucional y revisión del modelo de gestión estatal.
