El tema de los presuntos pagos a asesores internacionales vinculados a campañas políticas ha cobrado relevancia en la agenda pública dominicana. Las declaraciones iniciales de la diputada Faride Raful, posteriormente respaldadas por dirigentes del PRM, han reactivado el debate sobre la relación contractual entre el Estado y consultores extranjeros, en particular el publicista Joao Santana.
Durante el análisis en el programa “Hoy Mismo”, se planteó que, de existir un contrato vigente, el Estado estaría obligado a cumplir con los compromisos establecidos, incluso si los asesores enfrentan procesos judiciales en el extranjero. En ese contexto, se mencionó el caso del entonces presidente Danilo Medina, quien en su momento reconoció la participación de Santana en su campaña. Sin embargo, se subrayó que la continuidad de pagos con fondos públicos exige explicaciones claras y verificables.
Analistas coincidieron en que el manejo comunicacional del tema será determinante para su evolución en el debate político. Señalaron que la falta de respuesta oficial podría amplificar las dudas ciudadanas, mientras que una postura transparente contribuiría a esclarecer la situación. Asimismo, enfatizaron que, tratándose de recursos del Estado, corresponde a las autoridades ofrecer información precisa sobre contratos, servicios prestados y justificación de los pagos realizados.
