El caso de los terrenos de Los Tres Brazos resurgió en el debate público tras revelarse un esquema de venta irregular que afectó tanto al Estado dominicano como a miles de residentes. La operación involucró la transferencia de parcelas pertenecientes a la antigua Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) hacia empresas privadas mediante procedimientos considerados irregulares. La situación fue denunciada inicialmente en reportajes periodísticos y posteriormente investigada por autoridades competentes.
De acuerdo con informes oficiales, las parcelas fueron vendidas a precios muy por debajo de su valor real de mercado y sin la debida aprobación del Congreso Nacional, lo que violaría normativas legales vigentes. Posteriormente, estas tierras fueron revendidas a los propios ocupantes a costos significativamente elevados, generando ganancias desproporcionadas para las empresas intermediarias. Una comisión designada por el Poder Ejecutivo concluyó que el proceso fue altamente perjudicial para el Estado, calificando el expediente como precario y señalando posibles responsabilidades penales.
El caso fue remitido al Ministerio Público, que procedió a someter a la justicia a varios implicados, incluyendo exfuncionarios y representantes de empresas privadas. En total, once personas enfrentaron medidas judiciales por su presunta participación en la operación. Este proceso evidenció fallas en los mecanismos de control institucional y abrió el debate sobre la necesidad de fortalecer la transparencia en la gestión de bienes públicos, así como la protección de comunidades vulnerables frente a prácticas abusivas.
