En una reciente intervención, Marino Zapete ha lanzado una crítica contundente hacia el sistema judicial y político de la República Dominicana, destacando casos de corrupción y la falta de efectividad en la persecución de delitos financieros. Zapete, conocido por su postura crítica, centró sus comentarios en la figura de Daniel Germán Miranda Villalona, abogado de la Procuraduría General de la República y responsable de perseguir el lavado de activos.
Zapete, quien reveló su larga amistad con Villalona desde sus años universitarios, elogió la integridad personal de este, mencionando un episodio durante el fraude en Baninter donde Villalona se negó a firmar un documento que favorecía a los responsables del desfalco. Sin embargo, Zapete también expresó su frustración con la justicia dominicana, señalando que Villalona, a pesar de su integridad, se encuentra impotente ante la falta de acción efectiva.
El crítico de la política, señalando la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de no encauzar a Félix Bautista, denunció lo que considera una deficiencia en el sistema judicial. Según Zapete, la Suprema Corte no tiene la competencia ni la vocación para juzgar a personas de alta corrupción, lo que genera un malestar creciente en la sociedad.
Zapete sugirió que, dada la ineficacia local, los delitos de cuello blanco, incluyendo el lavado de activos y la narcopolítica, podrían terminar siendo juzgados en tribunales internacionales. Enfatizó que la impunidad legal y judicial que caracteriza a la República Dominicana es una vergüenza para el sistema de justicia en América Latina.
Villalona, según Zapete, entiende que el lavado de activos sólo se persigue eficazmente cuando está vinculado a actos violentos. En su crítica, el comentarista destaca cómo el sistema ha fallado en sancionar a narcotraficantes que operan bajo perfil, citando casos como el de Quirino Paulino y Figueroa Agosto, quienes, a pesar de su implicación en lavado de dinero, han eludido una justicia efectiva.
Zapete concluyó que la proliferación de actividades ilícitas en el país y la inacción de las autoridades reflejan una crisis profunda en la administración de justicia, y subrayó la necesidad urgente de reformas significativas.
