En un escándalo que ha generado una profunda indignación en Puerto Plata, el alcalde Walter Musa se enfrenta a graves acusaciones de abuso de poder en relación con la instalación de una planta de gas en una zona residencial de la ciudad. A pesar de la oposición de comerciantes, empresarios, y seis urbanizaciones locales, el proyecto avanza bajo la sombra de la influencia política y el conflicto de intereses.
El terreno en cuestión, donde se construye la envasadora de GLP Arcelia Gas, se encuentra custodiado por la Fuerza Pública desde que la Segunda Sala de la Cámara Civil del Distrito Judicial ordenó la paralización inmediata del proyecto. Esta medida se tomó al considerar que el solar no cumple con los requisitos legales de ubicación, al estar rodeado por viviendas, negocios, y familias humildes, lo que convierte la instalación en una “bomba de tiempo”.
La comunidad ha expresado su preocupación por la falta de transparencia en el proceso. Según fuentes, la planta aparece registrada a nombre de Rita Ercilia Núñez Ricardo.
La situación ha generado un ambiente tenso en Puerto Plata, donde la intervención de militares enviados por el Ministerio de Industria y Comercio para resguardar la construcción ha profundizado el conflicto. A pesar de contar con un permiso de la Sala Capitular de la Alcaldía y una carta de no objeción del Cuerpo de Bomberos, la planta no posee licencia de operación, lo que ha provocado cuestionamientos sobre la legitimidad del proyecto.
Detrás de este entramado se señala la participación del alcalde Walter Musa, con el respaldo de Francisco Javier García, secretario de Estado de Turismo. Ambos han sido acusados de utilizar su poder e influencia para forzar la instalación de la planta, desafiando tanto la ley como el rechazo de la comunidad.
La controversia continúa escalando, mientras la comunidad se prepara para luchar contra lo que consideran una imposición injusta y peligrosa, respaldada por intereses políticos y económicos.
