En un revelador informe, se ha descubierto que una cuarta parte de los jueces de la Suprema Corte de Justicia posee propiedades asignadas por el gobierno durante la administración del presidente Leonel Fernández. De los dieciséis jueces que componen el alto tribunal, cuatro son vecinos de las Torres del Progreso: Fran Euclides Soto Sánchez, Francisco Antonio Jerez Mena, José Alberto Cruseta Almanzar y Guadiroito Reyes Cruz.
Además de estos magistrados, otros jueces de distintas cortes también se beneficiaron de esta iniciativa. Entre ellos se encuentran Katia Miguelina Jiménez, jueza del Tribunal Constitucional y fundadora de la Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia; Manuel Ulises Arturo Bonel Vega, presidente de la tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; Mercedes Peralta Cuevas, jueza del Tribunal de Tierras de San Cristóbal; y Rosalba Amelia Garofolin, jueza de la Instrucción y coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional. También figuran Isis Berenice Muñoz, jueza de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito, y Rodolfo Espineira Ceballos, procurador adjunto.
La situación plantea un desafío para el sistema judicial, ya que la sanción social parece ser el único castigo por la asignación de estos apartamentos, dada la falta de iniciativa para anular estos contratos, que se consideran violatorios de la ley. La implicación de numerosos sectores en esta actividad, que parece tener tintes mafiosos, complica aún más la posibilidad de una reforma.
Entre los beneficiarios de la iniciativa oficialista también se encuentran figuras políticas y académicas como Héctor Emilio Severino Fabián, excandidato a diputado por el PLD; Diego José Arquímedes García Ovalles, expresidente del Colegio de Abogados; y Valentín Medrano Pérez, miembro del Comité Central del PLD. Además, figuran Hilario Radamés Cepeda Sosa, secretario de Educación y Formación Sindical de la Corriente Magisterial Eugenio María de Hostos; y Alfredo González Pérez, quien renunció como juez suplente del Tribunal Superior Electoral.
La lista incluye a otros nombres como Anulfo Piña Pérez y Manuel Emilio Galván Luciano, de la Junta Directiva del Colegio de Abogados; Emilio Mena Castro, director del Hospital Infantil Robert Reed; Nelson Alejandro Ledezma Pérez, viceministro de Salud; y Germinuris Crispín, ex miembro de la Comisión de Ética Pública de la Dirección General de Pasaportes.
También se encuentran en la lista Rosa Emilia Fernández Valerio, exviceministra de Salud Pública; Amin Rafael Vázquez Castillo, asistente del Tribunal Constitucional; y Rafael Antonio Morla Puello, procurador general de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís. La inclusión de periodistas como Betania Apolinar Peña y Ana Lizania Batista Mateo, junto a la esposa del comunicador Oscar Medina, Mayra Patricia Cantizano Chavarría de Medina, añade una dimensión mediática a esta controversia.
El informe revela una preocupante red de privilegios que, según la Constitución, debería ser perseguida e investigada. La asignación de propiedades y otros beneficios por parte del Estado, sin criterios claros de transparencia, plantea serias dudas sobre la equidad y la justicia en la administración pública.
