El escenario político dominicano se ve sacudido por la estrategia legal que rodea al caso del senador Félix Bautista. En una reciente emisión de “El Día”, se analizó en profundidad la táctica empleada por el legislador para diluir su situación legal, implicando a figuras prominentes del ámbito político.
Según los comentarios de Huchi Lora, reconocido periodista y conductor del programa, la estrategia de Bautista es clara: arrastrar a su expediente, al partido y al Congreso en su proceso legal. Esto se evidencia en la citación a 14 miembros del Comité Político del PLD, 29 senadores y 80 diputados por parte de los abogados del senador y otros presuntos implicados.
La conexión entre Félix Bautista y varios legisladores a través de asistencia económica para campañas electorales sugiere una red de influencia que podría comprometer la imparcialidad de los implicados en su investigación. Esta red de favores políticos plantea interrogantes sobre la independencia del poder legislativo y su capacidad para ejercer una investigación imparcial.
El análisis de Lora también resalta las maniobras previas de Bautista para evitar la rendición de cuentas, incluyendo la obtención de archivos definitivos por parte de políticos afines en el Ministerio Público. Estos movimientos, realizados justo antes de la transición presidencial, revelan una preocupación palpable por parte del senador y sus aliados políticos.
La reacción enérgica contra el Procurador General de la República, quien ha liderado la investigación contra Bautista, sugiere un intento concertado de deslegitimar su autoridad y desacreditar su labor. Esta campaña de desprestigio, alimentada por los abogados del senador, apunta a debilitar la posición del procurador y obstaculizar cualquier intento de llevar a Bautista ante la justicia.
El caso de Félix Bautista no solo plantea cuestiones sobre la corrupción política y el abuso de poder, sino que también pone a prueba la integridad de las instituciones democráticas dominicanas. La respuesta de la ciudadanía ante estos eventos será crucial para determinar el rumbo futuro del país en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
