El controvertido tema de los aviones Super Tucano en la República Dominicana ha vuelto a encender las alarmas tras revelaciones de un escándalo de corrupción. Desde que se anunció en enero de 2007 la compra de estos aviones de Brasil, las críticas no han cesado.
Los cuestionamientos iniciales se centraron en el elevado costo de cada aeronave, que ascendía a 11.7 millones de dólares, comparado con los 9 millones pagados por otros países sudamericanos por aviones similares. Este sobreprecio, estimado en alrededor de 2 millones de dólares por avión, desató sospechas sobre posibles prácticas corruptas.
Recientemente, el periódico estadounidense The Wall Street Journal ha arrojado luz sobre un esquema de sobornos por valor de 3.5 millones de dólares relacionados con la negociación de estos aviones. Los informes indican que ejecutivos de ventas de la empresa brasileña Embraer acordaron pagar sobornos a un coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, quien luego buscó la aprobación del acuerdo con legisladores.
El coronel involucrado, Carlos Piccini Núñez, fue reintegrado a las Fuerzas Armadas dominicanas tras una suspensión previa por estafa. Su participación en las negociaciones para la compra de los aviones Super Tucano ha levantado serias preocupaciones sobre la integridad del proceso.
Además, se menciona que parte de los sobornos fueron destinados a un senador dominicano no identificado en el documento, aunque se especula sobre posibles implicados como Julio César Valentín, presidente de la Cámara de Diputados en ese entonces, y Fernando Paredes Pérez, un senador relevante.
El caso ha suscitado una serie de interrogantes sobre la transparencia y la ética en las transacciones gubernamentales en la República Dominicana. La prensa local ha enfatizado la gravedad del asunto, destacando la presunta complicidad de funcionarios de alto rango en actos de corrupción que afectan directamente los intereses del país.
El escándalo, que también involucra la ocultación de los pagos de soborno bajo el disfraz de honorarios de consultoría, subraya la urgente necesidad de una investigación exhaustiva y medidas para combatir la corrupción en todos los niveles del gobierno.
