El reciente escándalo protagonizado por Roberto Peña ha generado un revuelo sin precedentes en la comunidad, evidenciando una serie de irregularidades y cuestionamientos sobre los procedimientos de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). El allanamiento realizado en una residencia en Soto Arriba de Higüey, inicialmente divulgado por la DNCD, resultó en la detención de tres individuos y el decomiso de lo que se presumía eran 14 paquetes de sustancias ilícitas. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando Peña se presentó ante los medios, confesando ser el verdadero propietario de la droga incautada y afirmando que en realidad eran 132 paquetes.
Esta discrepancia entre la versión oficial de la DNCD y la declaración pública de Peña plantea interrogantes sobre la transparencia y la integridad de las operaciones antidrogas. ¿Cómo es posible que la autoridad declare solo 14 paquetes mientras el acusado sostiene que son 132? ¿Dónde están los otros 118 paquetes que Peña asegura fueron confiscados en el allanamiento? Estas preguntas ponen de relieve la urgencia de examinar los protocolos de control y supervisión en este tipo de operativos para evitar futuras controversias.
El caso de Peña no solo saca a la luz la necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido, sino que también cuestiona la efectividad de las medidas implementadas para combatir el narcotráfico. La confesión pública del acusado, junto con las discrepancias en la cantidad de droga incautada, subraya la importancia de una supervisión más rigurosa y una rendición de cuentas transparente por parte de las autoridades responsables de hacer cumplir la ley
