El Gobierno dominicano dejó sin efecto el decreto que establecía la fusión del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), tras el rechazo expresado por distintos sectores vinculados al sistema educativo.
En sustitución de la medida, las autoridades anunciaron la creación de una comisión ejecutiva que tendrá un plazo de seis meses para presentar un anteproyecto de ley orientado a una reforma integral del sistema educativo nacional.
El objetivo de esta comisión será impulsar una transformación estructural con visión de futuro, fortaleciendo la articulación entre los distintos niveles educativos, desde la educación inicial hasta la superior, de manera que el proceso de enseñanza-aprendizaje funcione de forma coherente y alineada.
Asimismo, se contempla la realización de una consulta nacional que incluirá a docentes, estudiantes, especialistas y diversos actores del sector, con el propósito de construir una propuesta consensuada.
La decisión ha generado reacciones encontradas. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) manifestó que, aunque se haya derogado el decreto, persisten preocupaciones sobre posibles intenciones de reducir la inversión en la educación pública y redirigir recursos hacia el sector privado.
Por su parte, desde el Mescyt se defendió que la iniciativa busca corregir la desconexión existente entre los diferentes niveles del sistema educativo, señalando que actualmente estos operan sin una coordinación efectiva.
En tanto, expertos del sector educativo, como la organización Educa, valoraron positivamente la creación de la comisión, al considerar que representa una oportunidad para diseñar políticas públicas de largo plazo más allá de una simple reestructuración administrativa.
La medida marca un giro en la estrategia gubernamental en materia educativa, apostando ahora por un proceso más amplio de discusión y reforma estructural del sistema.
