La decisión anunciada por el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, de instruir a sus afiliados a no transportar ciudadanos haitianos, independientemente de su estatus migratorio, generó un amplio debate en un programa de televisión. Durante la discusión, varios panelistas cuestionaron la legalidad de la medida al considerar que podría contravenir disposiciones constitucionales y tratados internacionales suscritos por la República Dominicana. También señalaron que la verificación del estatus migratorio corresponde exclusivamente a las autoridades competentes.
En el programa se expusieron los argumentos planteados por Marte para justificar la decisión. Según los comentaristas, el dirigente explicó que numerosas unidades de transporte afiliadas a Conatra habían sido retenidas por transportar migrantes en condición irregular, lo que habría ocasionado pérdidas económicas a sus propietarios. Incluso se mencionó el caso de un transportista que, presuntamente afectado por la incautación de su vehículo, habría perdido la vida. No obstante, los panelistas insistieron en que cualquier solución debe desarrollarse dentro del marco legal vigente.
Los participantes coincidieron en que el control de la migración irregular constituye una responsabilidad del Estado y no de las empresas privadas de transporte. Asimismo, señalaron que el transporte público, aunque sea prestado por operadores privados, mantiene la condición de servicio público y debe garantizar el acceso conforme a la legislación dominicana. El debate concluyó destacando la necesidad de fortalecer los controles migratorios y establecer mecanismos que protejan tanto a los transportistas como al respeto de los derechos y obligaciones previstos por la ley.
