Los recientes paros convocados por sindicatos del transporte volvieron a colocar en debate el poder que mantienen estos gremios frente al Estado dominicano. Durante la semana, distintas organizaciones anunciaron huelgas en protesta por el aumento de los combustibles y el impacto económico que aseguran enfrentar los choferes y transportistas. Aunque algunas protestas fueron suspendidas tras negociaciones con el Gobierno, miles de ciudadanos resultaron afectados por interrupciones en el servicio de transporte público y de carga en varias provincias del país.
La Federación Nacional de Transporte Dominicano (FENATRADO) suspendió un paro de 72 horas luego de alcanzar acuerdos preliminares con las autoridades, incluyendo la revisión de la Ley de Hidrocarburos y compromisos económicos pendientes. Sin embargo, otros gremios como Fenatrano y organizaciones lideradas por sindicalistas independientes mantuvieron protestas y movilizaciones. En algunos puntos del Gran Santo Domingo se registraron enfrentamientos entre choferes y agentes policiales, especialmente en zonas donde comenzó a operar la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), generando disputas por el control de rutas estratégicas.
El aumento de los combustibles también provocó incrementos en las tarifas del transporte público, afectando directamente a miles de usuarios que dependen diariamente de ese servicio. Autoridades del Intrant recordaron que la regulación tarifaria corresponde legalmente al Estado, aunque reconocieron las dificultades para controlar los aumentos aplicados por sindicatos y choferes. Expertos consideran que el conflicto evidencia la dependencia del sistema de transporte informal y la influencia histórica de los gremios en decisiones políticas y económicas nacionales, mientras los ciudadanos continúan asumiendo el impacto del encarecimiento del transporte y del costo de vida.
