La dirigente política Faride Raful denunció presuntas irregularidades en el financiamiento de la central termoeléctrica Punta Catalina, señalando posibles violaciones legales en la emisión de créditos utilizados para su construcción. Según sus declaraciones, una línea de financiamiento de aproximadamente 350 millones de dólares habría sido gestionada sin aprobación del Congreso Nacional ni registrada como deuda pública, lo que, a su juicio, constituye una falta grave en el manejo de recursos estatales.
Raful también cuestionó la ausencia de estos señalamientos en informes oficiales, indicando que existirían omisiones relevantes en las investigaciones sobre el proyecto. Asimismo, afirmó que se habrían identificado sobrecostos que superan los 25 millones de dólares, lo que podría derivar en litigios internacionales contra el Estado dominicano. En ese contexto, criticó la falta de profundidad en las auditorías realizadas y la ausencia de respuestas claras por parte de las autoridades competentes.
En sus declaraciones, la legisladora vinculó estos hechos con el caso Odebrecht y mencionó la supuesta participación de asesores internacionales en procesos electorales financiados con fondos cuestionados. Ante este panorama, solicitó al Congreso Nacional la creación de una comisión especial que investigue los hechos denunciados, así como la designación de fiscales independientes. Diversos sectores han reiterado la necesidad de garantizar transparencia y fortalecer la institucionalidad frente a estas acusaciones.
