El ingeniero José Luis Moreno aseguró que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) debería comercializarse a RD$101 por galón y no a RD$137.20, al tiempo que cuestionó las afirmaciones del Gobierno sobre la existencia de subsidios a los combustibles.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante el conversatorio “Análisis a los hidrocarburos: subsidio real o sacrificio fiscal”, organizado junto al Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde sostuvo que actualmente no existe ningún sacrificio fiscal por parte del Estado dominicano para contener los precios de los carburantes.
Moreno indicó que durante las últimas dos semanas no se ha aplicado ningún subsidio real a los cinco combustibles de mayor consumo en el país: gasolina premium, gasolina regular, gasoil premium, gasoil regular y GLP. Según explicó, los precios vigentes no reflejan una intervención económica del Gobierno destinada a reducir el costo para los consumidores.
El especialista planteó la necesidad de revisar los mecanismos de fijación de precios y retornar a fórmulas más transparentes. En ese sentido, propuso la creación de un fondo de estabilización de precios de los combustibles que sea auditable y permita administrar los excedentes generados cuando los precios internacionales disminuyan y esas reducciones no se transfieran al mercado local.
A juicio de Moreno, la administración actual de esos recursos carece de la transparencia necesaria, por lo que abogó por un sistema que garantice una mayor rendición de cuentas sobre el manejo de los ingresos derivados de las variaciones en los precios internacionales de los hidrocarburos.
Durante la actividad también intervino Juan Hubieres, presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), quien respaldó las críticas a la política oficial sobre los combustibles y rechazó las declaraciones gubernamentales relacionadas con los subsidios.
Hubieres sostuvo que los recursos que las autoridades presentan como ayudas para evitar mayores incrementos en los precios no constituyen subsidios reales para la población, por lo que consideró necesario transparentar la estructura de costos y la metodología utilizada para fijar los precios de los carburantes.
