Policía dispersa con gases lacrimógenos a comunitarios que protestaban contra minera en Zambrana.
Cotuí — Agentes de la Policía Nacional dispersaron este viernes con bombas lacrimógenas a decenas de comunitarios que mantenían un campamento en la cabecera del río El Naranjo, en el distrito municipal de Zambrana, donde manifestaban su rechazo al avance de los trabajos de la empresa minera que opera en la zona.
La intervención, que incluyó oficiales fuertemente armados y unidades antimotines, dejó varios heridos, entre ellos mujeres y niños, según denunció Concepción Sosa, vocero de un grupo ambientalista local. “Vinieron a reprimirnos por defender nuestra agua, nuestros árboles, nuestra vida. No somos delincuentes, somos una comunidad que quiere vivir en paz”, expresó.
Los residentes acusan directamente a la minera Barrick Gold de llevar a cabo una devastadora tala de árboles y de acelerar la construcción de una carretera hacia una nueva presa de cola, lo que, aseguran, pone en peligro ecosistemas fundamentales para la zona.
Fernando Peña, representante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), calificó la vía en construcción como “la carretera de la muerte”, y señaló a las autoridades estatales por su aparente indiferencia frente a lo que considera un crimen ambiental. “Mientras se destrozan montañas y nacimientos de ríos, el Gobierno guarda silencio”, afirmó.
Hasta el momento, ninguna institución oficial ha ofrecido declaraciones sobre los hechos ni ha intervenido para evaluar los impactos ambientales denunciados.
Las bombas lacrimógenas son artefactos químicos utilizados comúnmente por fuerzas del orden para dispersar multitudes en situaciones de disturbios o protestas. Su principio activo suele ser un compuesto irritante, como el gas CS (clorobenzilideno malononitrilo), que al ser liberado al aire provoca una fuerte irritación en los ojos, nariz, garganta y piel, generando lagrimeo abundante, tos, dificultad para respirar y una sensación de ardor. Aunque son consideradas armas no letales, su uso puede causar efectos severos en personas con condiciones médicas preexistentes o en grupos vulnerables como niños y ancianos.
A pesar de su uso extendido por parte de cuerpos policiales en todo el mundo, el empleo de bombas lacrimógenas ha sido objeto de cuestionamientos por organizaciones de derechos humanos, que denuncian su utilización excesiva o en contextos donde no hay justificación para la fuerza. En espacios cerrados o en situaciones de alta concentración de personas, estos gases pueden resultar peligrosos, y su uso está regulado por normas internacionales que exigen proporcionalidad, necesidad y respeto a los derechos fundamentales de quienes protestan pacíficamente.
