Nuevas denuncias públicas vuelven a colocar bajo cuestionamiento al Consejo Estatal del Azúcar por presuntas irregularidades en el manejo de terrenos y recursos estatales. Durante años, diversos reportes han señalado supuestas ventas irregulares de propiedades, beneficios privilegiados para funcionarios y decisiones administrativas contrarias a decretos y normativas oficiales. A pesar de medidas anunciadas por el gobierno dominicano para transparentar la administración del organismo, sectores críticos consideran que las prácticas cuestionadas continúan operando sin consecuencias efectivas ni controles suficientes.
Entre las denuncias más recientes figuran supuestas ventas de terrenos estatales a precios muy inferiores a su valor real, incluyendo propiedades ubicadas dentro de áreas protegidas. También se cuestiona el funcionamiento de una comisión creada mediante decreto presidencial para inventariar y fiscalizar los bienes vinculados a los ingenios azucareros del Estado. La comisión, integrada por funcionarios públicos y encabezada por el exministro Bautista Rojas Gómez, tenía como objetivo auditar operaciones inmobiliarias y regularizar el uso de los terrenos. Sin embargo, críticos afirman que persisten irregularidades y alegan falta de transparencia en los procesos internos.
Además, se denunciaron presuntos privilegios otorgados a miembros del consejo directivo y funcionarios del CEA, incluyendo bonificaciones, reparaciones de vehículos privados, alquileres de apartamentos y compras de equipos tecnológicos financiados con fondos públicos. Las acusaciones también involucran supuestas adquisiciones de terrenos realizadas por empleados del propio organismo estatal. Mientras tanto, sectores sociales y comunitarios continúan reclamando investigaciones más profundas y acciones concretas para evitar nuevas pérdidas patrimoniales al Estado dominicano y garantizar mayor fiscalización sobre el manejo de bienes públicos.
