El empresario Ángel Rondón declaró que pagó más de mil millones de pesos en impuestos durante un período inferior a diez años, al defender el origen de su patrimonio en la audiencia preliminar del caso Odebrecht. El imputado ofreció estas declaraciones luego de que el Ministerio Público presentara las pruebas que sustentaban su acusación por presuntos sobornos y lavado de activos. Rondón también afirmó que sus empresas aportaron más de 200 millones de pesos al sistema de seguridad social y que mantenían alrededor de 600 empleados.
La defensa del empresario cuestionó la manera en que el órgano acusador presentó las pruebas ante el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco. Según sus abogados, el Ministerio Público se limitó a enumerar documentos y habría distorsionado cifras, declaraciones premiadas y movimientos financieros incluidos en el expediente. Rondón sostuvo que todos sus inmuebles y participaciones empresariales figuraban a su nombre, por lo que rechazó la acusación de ocultar bienes mediante familiares, socios u otras personas.
Los representantes legales alegaron que el nombre de Rondón no aparecía en determinados acuerdos judiciales suscritos por Odebrecht en Brasil y Estados Unidos. También solicitaron la lectura completa de esos documentos para comprobar el contenido de las declaraciones atribuidas a ejecutivos de la constructora. Por su parte, el exministro Víctor Díaz Rúa rechazó que la firma de contratos públicos constituyera por sí sola una prueba de soborno y exigió evidencias directas de pagos ilícitos. El juez recesó la audiencia hasta el lunes siguiente, cuando continuarían la presentación y refutación de los elementos probatorios incorporados al proceso.
