El Gobierno de República Dominicana reiteró este martes su respaldo a la estabilidad institucional y al diálogo democrático en Bolivia, en medio de la crisis política y social que afecta a esa nación sudamericana.
Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, el canciller dominicano Roberto Álvarez expresó preocupación por el impacto que las tensiones y protestas están teniendo sobre la población boliviana, especialmente por las dificultades para acceder a alimentos, combustibles y medicamentos.
El funcionario dominicano sostuvo que el país mantiene comunicación con las autoridades bolivianas para dar seguimiento a la situación y favorecer salidas pacíficas dentro del marco constitucional.
Álvarez también enfatizó que cualquier diferencia política debe resolverse mediante mecanismos democráticos y no a través de acciones violentas o intentos de alterar el orden institucional.
Asimismo, el canciller manifestó solidaridad con las familias afectadas por los disturbios y llamó a priorizar el diálogo para evitar un agravamiento de la crisis en Bolivia.
Situación en Bolivia
Actualmente, Bolivia atraviesa una fuerte crisis política y social marcada por protestas, marchas y bloqueos de carreteras encabezados por distintos sectores sociales y sindicales. La Central Obrera Boliviana y seguidores del expresidente Evo Morales exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, alegando inconformidad con la situación económica, demandas salariales y el manejo del Gobierno. Las movilizaciones se intensificaron en la ciudad de La Paz, mientras crece la preocupación internacional por la estabilidad democrática del país.
Ante el aumento de la tensión, varios expresidentes latinoamericanos y europeos agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas solicitaron a la Organización de los Estados Americanos mantenerse vigilante sobre la situación boliviana. Los exmandatarios alertaron sobre el riesgo de una mayor desestabilización y pidieron que las diferencias políticas se resuelvan dentro del marco democrático y constitucional, evitando hechos de violencia o rupturas institucionales.
