Nuevos cuestionamientos surgieron en torno al manejo de recursos públicos vinculados a la antigua Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y al Consejo Estatal del Azúcar, luego de revelarse detalles sobre contrataciones realizadas durante pasadas administraciones. Las denuncias se producen en seguimiento a investigaciones relacionadas con el manejo de fondos provenientes de las acciones estatales en la minera Falconbridge Dominicana, anteriormente conocida como Falcondo. Según reportes y auditorías especiales mencionadas públicamente, durante años se habrían manejado recursos millonarios sin controles adecuados ni transparencia suficiente sobre el destino final del dinero.
Dentro de las revelaciones figura el caso de Yajaira Castellanos, identificada como esposa del exfuncionario Manuel Tapia, quien habría sido contratada por la CDEEE con un salario mensual de 500 mil pesos por servicios relacionados con monitoreo de medios digitales y redes sociales. La información fue confirmada mediante una respuesta oficial ofrecida por la institución tras una solicitud realizada bajo la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. El contrato, inicialmente por seis meses y posteriormente renovado, se extendió durante un año completo. Sin embargo, la entidad no detalló los títulos académicos o credenciales profesionales específicas que justificaran dicha remuneración.
Las declaraciones han generado debate público debido a las dudas sobre los criterios utilizados para asignar este tipo de contrataciones dentro de instituciones estatales. También se cuestiona la falta de consecuencias judiciales derivadas de auditorías previas relacionadas con el manejo de recursos en entidades vinculadas al Estado. Mientras tanto, sectores de la sociedad civil continúan reclamando mayores niveles de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas en el uso de fondos públicos y en los procesos de contratación dentro de organismos gubernamentales.
