Según el expediente de acusación del caso Antipulpo, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, (OISOE), servía como instrumento para el financiamiento ilícito de campañas políticas, llegando a recibir sumas millonarias de pesos de parte de contratistas que buscaban aportar a las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de esta manera continuar siendo favorecidos con obras del Estado.
La acusación detalla que uno de los casos que evidencia lo anteriormente descrito puede ser verificado en los aportes realizados por una de las empresas del Grupo Telemicro, de la que son miembros los señores Ramón Rafael Reynoso Gómez y Ramón Andrés Gómez Gómez.
