El expresidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, enfrenta uno de los procesos judiciales por corrupción más relevantes de los últimos años en América Latina, tras admitir el desvío y lavado de más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal de su país. Según las investigaciones de la Fiscalía salvadoreña, durante su mandato entre 2004 y 2009 se creó una estructura que permitió el manejo discrecional y secreto de fondos públicos bajo supuestas razones de seguridad estatal. El caso ha generado impacto regional debido a la magnitud del fraude y a la implicación de empresarios, funcionarios y comunicadores en la red de operaciones financieras.
Las autoridades sostienen que el exmandatario utilizó cuentas particulares, contratos irregulares y empresas vinculadas al sector publicitario y de comunicación para desviar recursos estatales. Entre los señalados figura el presentador salvadoreño Jorge Hernández, acusado de participar en maniobras para simular pagos y transferencias internacionales destinadas al lavado de activos. Dentro de las investigaciones también ha sido mencionada la República Dominicana, debido a que parte de las compañías utilizadas en el entramado habrían sido creadas o utilizadas en territorio dominicano. Organismos vinculados a transparencia y anticorrupción advirtieron que podrían revelarse nuevos datos sobre operaciones financieras relacionadas con el país caribeño.
El acuerdo judicial alcanzado entre Saca y la Fiscalía contempla una reducción de condena a cambio de confesiones y colaboración con las investigaciones. Mientras tanto, las autoridades salvadoreñas han incautado decenas de propiedades, vehículos de lujo, haciendas, empresas de comunicación y cuentas bancarias vinculadas al expresidente y a su círculo cercano. Paralelamente, el exmandatario Mauricio Funes permanece en Nicaragua bajo asilo político mientras enfrenta acusaciones similares de corrupción y lavado de activos. El caso ha reavivado el debate regional sobre la impunidad política y el uso de estructuras empresariales y mediáticas para desviar fondos públicos.
