La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente aplazó el conocimiento de la medida de coerción contra siete integrantes del movimiento El Palco, acusados de lanzar estiércol al edificio que alberga la Suprema Corte de Justicia. La decisión fue adoptada debido a que los abogados de la defensa aún no habían retirado el expediente acusatorio, lo que les impedía preparar adecuadamente sus presupuestos para la audiencia. El caso ha generado reacciones de diversos sectores, que siguen de cerca el proceso judicial y las actuaciones de las autoridades competentes.
Durante la audiencia, el abogado defensor Víctor Bretón calificó los arrestos como una actuación irresponsable y solicitó la libertad de los imputados. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respaldó esa petición y cuestionó la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público, que incluye cargos por asociación de malhechores. La defensa sostuvo que la responsabilidad de los acusados debe analizarse de manera individual y no como parte de una organización delictiva. Asimismo, argumentó que la protesta constituye una manifestación de inconformidad frente al sistema de justicia.
Los representantes legales de los imputados indicaron que algunos de los acusados enfrentan limitaciones económicas, aunque aseguraron que continuarán impulsando sus reclamos por las vías que consideran legítimas. También afirmaron que las manifestaciones responden al descontento de un sector de la ciudadanía con el funcionamiento del sistema judicial. Mientras tanto, el proceso permanece pendiente del conocimiento de la medida de coerción, una vez las partes concluyan la revisión del expediente y presenten formalmente sus argumentos ante el tribunal.
