Los derechos de las personas envejecientes fueron analizados durante un espacio dedicado a temas jurídicos, donde se destacó la protección especial que reconoce la Constitución dominicana a quienes superan los 65 años de edad. De acuerdo con las disposiciones legales, la familia, la sociedad y el Estado comparten la responsabilidad de garantizar condiciones dignas para este sector de la población. Entre los derechos reconocidos figuran la seguridad social, la asistencia en casos de indigencia y el acceso a mecanismos de protección establecidos por la legislación nacional.
La Ley 352-98 sobre Protección de la Persona Envejeciente contempla beneficios específicos destinados a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Entre ellos se encuentran descuentos en transporte, actividades recreativas, consultas médicas y otros servicios. Asimismo, la normativa establece el derecho de estas personas a permanecer dentro de su núcleo familiar, así como la obligación de hijos y descendientes de contribuir a su manutención cuando sea necesario. También se resaltó la importancia de garantizar acceso a vivienda, salud y alimentación integral.
Durante el análisis se plantearon preocupaciones relacionadas con la aplicación efectiva de estos derechos y con las condiciones de algunos hogares destinados al cuidado de adultos mayores. Especialistas señalaron que, aunque existen garantías legales, persisten desafíos para su cumplimiento pleno. En ese contexto, se destacó la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a la protección de las personas envejecientes y de asegurar que las instituciones responsables puedan ofrecer respuestas adecuadas a las necesidades de este grupo poblacional.
