El sistema de protección infantil del Departamento de Niños y Familias del Condado de Los Ángeles volvió a ser objeto de escrutinio público tras un fallo judicial que ordena el pago de millones de dólares a una menor víctima de abuso sexual. La decisión fue emitida por una corte en Los Ángeles, luego de determinarse que hubo negligencia por parte de trabajadores sociales que no actuaron a tiempo pese a conocer el riesgo en el entorno familiar de la niña.

Según documentos judiciales, los abusos se prolongaron durante aproximadamente dos años, iniciando cuando la menor tenía siete años. Durante ese período, la niña habría sido víctima de múltiples agresores, incluyendo un individuo con antecedentes penales que convivía en el hogar. Testimonios presentados indicaron que las autoridades tenían conocimiento de las condiciones de riesgo, pero no procedieron a retirar a la menor ni a abrir un caso formal de protección, lo que permitió la continuidad de los hechos.

El jurado determinó una compensación de 45 millones de dólares a favor de la víctima, tras una demanda interpuesta por su padre biológico. No obstante, especialistas coinciden en que ninguna indemnización puede reparar el daño psicológico sufrido. El caso ha reavivado el debate sobre la eficacia de los sistemas de protección infantil en Estados Unidos y la responsabilidad institucional en la prevención de abusos, mientras las autoridades defienden sus protocolos y evalúan posibles apelaciones.