El presidente de la República Dominicana, ubicado en la provincia de San Juan de la Maguana, en respuesta al amplio rechazo manifestado por la población.
En un mensaje dirigido al país, el mandatario aseguró que su gobierno actúa con responsabilidad ante las preocupaciones ciudadanas, enfatizando que la decisión se fundamenta en lo establecido por la Ley 64-00 de Medio Ambiente, la cual contempla la inviabilidad de proyectos de alto impacto ambiental cuando existe oposición masiva de la población.
Abinader explicó que el proyecto minero no es reciente, ya que sus primeras concesiones de exploración datan de 2005, con renovaciones en 2010, 2015 y 2018. Sin embargo, aclaró que durante su gestión la iniciativa se encontraba únicamente en fase de evaluación ambiental y no contaba con autorización para explotación.
“El gobierno escucha con atención, respeto y responsabilidad. Cuando la ciudadanía expresa inquietudes, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia”, expresó el jefe de Estado, al reafirmar su compromiso con el bienestar de la población y la protección del medio ambiente.
La decisión ha sido valorada por diversos sectores que se oponían al desarrollo del proyecto, quienes alegaban posibles impactos negativos similares a experiencias previas en provincias como Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, donde la actividad minera ha generado preocupaciones por contaminación ambiental.
El anuncio reabre además el debate sobre la situación de recursos hídricos en el país, especialmente en torno a la Presa de Hatillo, señalada por sectores académicos y sociales como afectada por contaminantes, lo que incrementa la presión sobre las autoridades para investigar responsabilidades y adoptar medidas correctivas.
