La propuesta legislativa que busca descontar del salario a los maestros los días no trabajados sin justificación, incluyendo las ausencias por huelgas, ha generado una fuerte reacción de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que considera la medida como un intento de limitar el derecho a la protesta de los docentes.
El proyecto de resolución plantea que el Ministerio de Educación aplique rebajas salariales por cada día de ausencia injustificada y que también se implementen mecanismos tecnológicos para registrar en tiempo real la entrada, salida y permanencia de los profesores en los centros educativos.
Desde la ADP, la iniciativa fue rechazada de manera categórica. Dirigentes del gremio señalaron que el derecho a huelga está protegido por la Constitución dominicana y advirtieron que cualquier intento de sancionar económicamente a los docentes por ejercerlo constituye una vulneración de derechos fundamentales.
“Quiero señalarle a ese grupo de diputados que recuerden que el derecho a huelga en la República Dominicana está estatuido en la Constitución de la República en su artículo 62, numeral 6”, expresó un representante del sindicato al referirse a la propuesta.
Sin embargo, la iniciativa ha encontrado respaldo entre algunos directores de centros educativos y legisladores. El diputado Nicolás Hidalgo, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), uno de los impulsores del proyecto, defendió la medida argumentando que contribuiría a reducir el ausentismo y a mejorar la organización en las escuelas.
Según explicó, los docentes que falten sin notificar ni justificar su ausencia deben asumir las consecuencias económicas correspondientes. A su juicio, esto permitiría a los directores manejar con mayor eficiencia las actividades académicas y garantizar una mayor estabilidad para los estudiantes.
El proyecto también contempla la instalación de dispositivos electrónicos de control de asistencia en los planteles escolares. La intención es que el sistema registre automáticamente la presencia o ausencia de cada maestro, proporcionando información en tiempo real a las autoridades educativas.
Mientras algunos sectores consideran que el Estado no debe pagar salarios por jornadas no trabajadas, otros entienden que las protestas forman parte de los mecanismos legítimos de reclamo laboral y no deben ser tratadas de la misma manera que una ausencia injustificada.
La propuesta continúa generando debate entre docentes, legisladores y autoridades educativas, en un momento en que la calidad de la enseñanza y el cumplimiento del calendario escolar se mantienen entre las principales preocupaciones del sistema educativo dominicano.
