El Defensor del Pueblo no ha tenido una respuesta satisfactoria por parte del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) al que exigió abstenerse de solicitar el registro de motocicletas, cuya función, alega, corresponde a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
El tema del registro volvió al tapete con la denuncia de varios motoconchistas a quienes les ha retenido su medio de sustento y transporte, porque no habían hecho dicho registro, el cual, según les informaron, recibiría atención a partir del 7 de enero de 2022.
Ante esto, el defensor del Pueblo indica que el organismo de transporte ejecuta su resolución causando inconvenientes a los ciudadanos y destaca que la principal preocupación de este órgano constitucional radica en la exigencia de unos requisitos y trámites que la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, no contempla.
