La polémica se desató tras la decisión de la jueza interina Aristilda Mercedes Rodríguez, quien liberó sin condiciones a cinco ciudadanos venezolanos arrestados en flagrante delito con 359 kilos de cocaína en un avión Cessna. La aeronave aterrizó en el aeropuerto de La Romana el Jueves Santo, donde los agentes de la DNCD, acompañados del fiscal Víctor Enrique Gil, interceptaron a los individuos y decomisaron la droga como parte de una operación binacional con Venezuela, que también resultó en el arresto de tres sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana.
El hecho provocó una reacción inusual de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que expresó públicamente su indignación a través de un comunicado. Según la institución, la liberación “pura y simple” de los acusados envía un mensaje erróneo a las redes internacionales de narcotráfico y lavado de activos, reforzando el uso del país como puente para sus operaciones. La DNCD calificó la decisión como “desafortunada y desorientadora”, y advirtió que debilita la lucha contra el crimen organizado.
El periodista Huchi Lora respaldó la denuncia, cuestionando duramente la conducta de la jueza y pidiendo una investigación inmediata sobre sus motivaciones. Señaló que la justicia debe ser respetada, pero que ese respeto solo es válido cuando las propias decisiones judiciales son coherentes y responsables. Lora subrayó que el narcotráfico no solo representa un problema internacional, sino que deja secuelas locales graves: violencia, corrupción, adicción y una crisis de salud pública cada vez más alarmante.
