El gobierno de Estados Unidos ha anunciado que continuará con su política de revocar visas a estudiantes extranjeros, especialmente a aquellos involucrados en actividades consideradas “perturbadoras”. Así lo afirmó el secretario de Estado, Marcos Rubio, quien advirtió que se avecinan nuevas cancelaciones.

Rubio enfatizó que las visas estudiantiles “no son un derecho, sino un privilegio” que el país otorga a quienes desean cursar estudios en universidades estadounidenses. Esta medida se enmarca en una serie de acciones destinadas a reforzar los controles migratorios y garantizar el orden en los campus universitarios.

La decisión ha generado preocupación en comunidades académicas y estudiantiles internacionales, que temen una aplicación arbitraria de esta política. Sin embargo, el secretario de Estado fue enfático: “El respeto a las normas estadounidenses es un requisito innegociable”.

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Esta postura del gobierno estadounidense surge en medio de un clima de creciente tensión en varios campus universitarios, donde recientemente se han registrado protestas vinculadas a causas internacionales y demandas sociales. Según Rubio, “algunos de estos actos trascienden el derecho a la libre expresión y se convierten en alteraciones del orden público”, lo cual justificaría la revocación inmediata de las visas.

Diversas organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y estudiantes han manifestado su rechazo a la medida, alegando que podría utilizarse como herramienta de censura política y discriminación. “Estamos viendo cómo la libertad académica y el derecho a la protesta pacífica pueden verse comprometidos por decisiones de carácter político”, expresó Miriam Calderón, portavoz de la Alianza Internacional de Estudiantes.

A pesar de las críticas, la administración estadounidense reafirmó que mantendrá una política de vigilancia estricta sobre los estudiantes extranjeros y reiteró que los centros educativos deben colaborar activamente con las autoridades migratorias. Las universidades, por su parte, enfrentan ahora el reto de equilibrar su autonomía con las exigencias del gobierno federal.