El establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y la República Popular China ha generado cuestionamientos sobre el manejo institucional del proceso. Diversos sectores han señalado que la creación de una oficina especial bajo la Presidencia para coordinar todos los vínculos con el país asiático podría concentrar excesivamente las decisiones, desplazando funciones tradicionales de entidades como la Cancillería y otros organismos del Estado.
El debate se intensificó tras la circulación de una comunicación oficial firmada por José Ramón Peralta, en la que se instruye que cualquier interacción con autoridades, inversionistas o entidades chinas sea canalizada exclusivamente a través de esta nueva dependencia. Analistas consideran que esta medida podría limitar la autonomía de otras instituciones y centralizar las relaciones exteriores en la Presidencia, lo que, según críticas, debilita la estructura institucional establecida.
Especialistas en administración pública advierten que la proliferación de oficinas paralelas y programas especiales ha sido una tendencia recurrente en distintas gestiones, lo que contribuye a una “hipertrofia” del Poder Ejecutivo. En este contexto, señalan la necesidad de fortalecer los canales institucionales existentes y garantizar una coordinación más equilibrada. Mientras tanto, el tema continúa generando debate en la opinión pública, especialmente sobre el impacto que este modelo podría tener en la transparencia, la eficiencia y la gobernanza estatal.
