La comunicadoa Susana Gautreau calificó de “irresponsabilidad” la explicación ofrecida por el director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (FITRAM), Jhael Isa, quien atribuyó a un “mantenimiento mayor preventivo” la interrupción del servicio del Teleférico de Los Alcarrizos mientras la infraestructura se encontraba llena de pasajeros.

Durante su participación en el programa Z Digital, Gautreau cuestionó que se justificara el incidente con un mantenimiento programado, al considerar que este tipo de procedimientos debe realizarse con la operación completamente suspendida y bajo una planificación que evite poner en riesgo a los usuarios.

“¿Cómo usted le dice a la población que eso era un mantenimiento anual programado, mientras la gente estaba siendo evacuada allá arriba? Eso es una cosa grave”, expresó.

La jurista sostuvo que las imágenes de los pasajeros siendo evacuados mediante cuerdas reflejan una situación “penosa” y criticó que, en lugar de asumir responsabilidades, se intentara justificar lo ocurrido.

“Lo peor no es la ineficiencia; es la incapacidad de aceptar la responsabilidad y buscar cualquier excusa para justificar la falta”, afirmó.

Gautreau explicó que un mantenimiento anual profundo constituye una revisión planificada de todo el sistema, prevista en los manuales de operación y mantenimiento, por lo que implica detener completamente el servicio en horarios previamente establecidos para no afectar a los usuarios.

“Un mantenimiento mayor programado exige la parada total del sistema. Nunca debe realizarse exponiendo a las personas que utilizan ese transporte”, enfatizó.

Asimismo, lamentó el silencio de los profesionales del área de ingeniería frente al incidente y consideró que la situación debió generar una explicación técnica más rigurosa sobre las causas de la avería.

En otro tema, Gautreau también expresó preocupación por disposiciones del nuevo Código Penal relacionadas con la penalización de contratos celebrados sin el cumplimiento de requisitos legales, al advertir que la redacción de esos artículos podría generar inseguridad jurídica tanto para funcionarios como para particulares. Según explicó, el texto no define con claridad cuáles son los “requisitos legales esenciales” y establece sanciones que considera desproporcionadas para quienes únicamente intervienen en la tramitación administrativa de los contratos.