El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró este miércoles que la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas a ese órgano legislativo no encontró irregularidades financieras ni incumplimientos legales o normativos, por lo que defendió la transparencia en el manejo de los recursos de la institución.

Pacheco reaccionó luego de que la Cámara de Cuentas publicara los informes de auditorías aprobados en sus más recientes sesiones del Pleno, entre ellos el correspondiente a la Cámara de Diputados para el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024.

“Al mal hay que ponerle remedio temprano. El pleno de la Cámara de Cuentas recomienda que, para el mejor manejo comunicacional, chequen la auditoría completa, que no hay hallazgo de índole legal, jurídico ni normativo“, expresó el legislador.

En un comunicado suscrito por todos los integrantes de la Cámara de Diputados, la institución manifestó su sorpresa por las interpretaciones difundidas en algunos medios de comunicación sobre el contenido del informe, al tiempo que aclaró que la auditoría emitió una opinión sin salvedad, lo que significa que no fueron identificadas desviaciones contables ni incumplimientos legales de importancia que afectaran la razonabilidad de los estados financieros.

Según el informe, la auditoría no detectó inconsistencias en la administración del presupuesto ni hallazgos de carácter legal, jurídico o normativo. No obstante, sí incluyó algunas recomendaciones orientadas a fortalecer los controles internos y mejorar procedimientos administrativos.

Entre las observaciones señaladas figuran la necesidad de optimizar la clasificación de cuentas contables internas y fortalecer el registro de descargas de mobiliario en el Sistema de Información de Bienes (SIAB), aspectos que, según la Cámara de Diputados, son de naturaleza administrativa y no afectan la correcta ejecución de los recursos públicos.

La Cámara de Cuentas también informó que, durante sus últimas sesiones, aprobó auditorías correspondientes al Ayuntamiento de Higüey, EDENORTE, el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Trabajo y varios ayuntamientos municipales, como parte de su programa de fiscalización de instituciones públicas.