El comunicador Pedro Jiménez expresó preocupación sobre la forma en que será aplicada la recién aprobada reforma fiscal, al considerar que uno de los principales retos será garantizar la seguridad jurídica de las personas y empresas frente a los procesos de fiscalización y sanción de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Durante su participación en un programa de opinión, Jiménez explicó que, una vez aprobada la reforma, corresponde a las autoridades implementar los mecanismos tecnológicos y administrativos necesarios para su ejecución. Sin embargo, sostuvo que el proceso debe estar acompañado de garantías que permitan a los contribuyentes ejercer su derecho a la defensa ante posibles errores, omisiones o discrepancias tributarias.

El comunicador señaló que históricamente muchos sectores empresariales han cuestionado los procedimientos utilizados por la DGII para imponer multas y recargos, alegando que en ocasiones los contribuyentes enfrentan sanciones sin tener la oportunidad de exponer adecuadamente sus argumentos o justificar situaciones que pudieron producirse por errores involuntarios o fallas en los sistemas.

Asimismo, manifestó que la seguridad jurídica es un elemento fundamental para fortalecer la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, quienes observan con atención el funcionamiento del sistema tributario antes de realizar inversiones en el país. En ese sentido, consideró que la aplicación de la reforma debe realizarse con criterios de transparencia, proporcionalidad y respeto al debido proceso.

Jiménez también hizo referencia a la creciente digitalización de los servicios tributarios, señalando que, aunque representa un avance importante en materia de modernización, debe garantizarse que los contribuyentes tengan acceso a mecanismos efectivos de comunicación y revisión de sus casos cuando surjan inconvenientes o controversias.

Finalmente, el comunicador afirmó que la discusión sobre la reforma fiscal ya quedó superada con su aprobación, por lo que ahora el desafío consiste en asegurar una aplicación justa y equilibrada de la normativa. “Lo que queremos es que se aplique con justicia, que se aplique con equidad y que se respete la seguridad jurídica de todos los actores”, expresó.